Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se pronunció sobre las recientes acciones del Estado hondureño contra estructuras criminales y señaló que la declaratoria de estas organizaciones como asociaciones terroristas representa, desde su perspectiva, una nueva etapa en la respuesta institucional frente al crimen.
Castellanos sostuvo que las medidas de seguridad deben ir acompañadas por un funcionamiento coordinado de todo el sistema de justicia. En su planteamiento, las reformas al marco penal y los operativos de seguridad, por sí solos, no serían suficientes si las instituciones encargadas de investigar, acusar, procesar y sancionar los delitos no actúan en la misma dirección.
La titular del CNA señaló que el Estado debe ejercer su autoridad con firmeza frente a las estructuras criminales. Al mismo tiempo, planteó que las acciones contra el crimen deben desarrollarse dentro de los mecanismos institucionales y legales, para evitar que las medidas adoptadas terminen debilitando las propias instituciones que buscan proteger.
Según su posición, la lucha contra el crimen organizado requiere algo más que demostraciones de fuerza. Castellanos plantea que las instituciones deben contar con la capacidad de investigar los delitos, llevar los casos ante los tribunales y lograr que las personas responsables enfrenten los procesos correspondientes conforme a la ley.
En ese contexto, la funcionaria cuestionó una respuesta estatal basada únicamente en discursos o demostraciones de autoridad y defendió la necesidad de fortalecer el funcionamiento integral del sistema de justicia.
“Honduras no necesita una autoridad que grite más fuerte que los criminales, necesita un Estado que sea capaz de vencerlos”, afirmó Castellanos, al resumir su planteamiento sobre la respuesta institucional que, según ella, requiere el país.
Las declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las estructuras criminales y sobre el alcance que deben tener las herramientas legales y operativas utilizadas por el Estado para combatirlas.
