El Ministerio Público ha confirmado la apertura de una investigación de oficio tras la denuncia sobre una presunta compra sobrevalorada de computadoras en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, institución actualmente bajo la administración del Dr. Luther Castillo.
La denuncia, que ha comenzado a circular en redes sociales y medios digitales, acusa a la secretaría de haber adquirido equipos de cómputo a precios que superarían significativamente los valores de mercado. De comprobarse, el hecho podría configurar un nuevo caso de malversación de fondos públicos en el actual gobierno.
“La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción abrió ya de oficio una investigación en torno a este tema”, declaró el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, en rueda de prensa. Agregó que se están solicitando los documentos de licitación, contratos de compra y los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de los equipos.
Aunque hasta ahora no hay acusaciones formales contra funcionarios específicos, la situación genera incomodidad en el Ejecutivo, que ha insistido en tener una política de “cero tolerancia” a la corrupción. Sin embargo, este caso amenaza con erosionar aún más la confianza pública, especialmente por tratarse de una institución clave para el desarrollo científico y tecnológico del país.
El Dr. Luther Castillo, reconocido médico y funcionario cercano al círculo presidencial, aún no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo. Voceros de la Secretaría aseguran que todo el proceso fue realizado “bajo los lineamientos legales” y que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, sectores de oposición ya exigen la suspensión temporal de los funcionarios involucrados, y algunos colectivos ciudadanos han convocado movilizaciones para exigir transparencia y castigo para los responsables.
El caso se suma a una serie de denuncias recientes por supuestos actos de corrupción dentro del aparato estatal, aumentando la presión sobre el gobierno, que había prometido erradicar viejas prácticas de opacidad administrativa.
Desde el Congreso, varias voces piden no politizar el caso, pero insisten en que no puede quedar en el olvido. “No podemos hablar de transformación si seguimos permitiendo estas prácticas. El pueblo exige respuestas”, afirmó la diputada independiente María Fernanda Ríos.
La investigación recién comienza, pero la controversia ya ha calado hondo en la opinión pública, que observa con escepticismo la forma en que el gobierno gestionará esta nueva prueba de credibilidad.
