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Un guardia de seguridad fue capturado en las últimas horas por suponerlo responsable de un delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años que se encontraba bajo resguardo del Estado, en un hecho ocurrido en el municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades, la detención se llevó a cabo mediante un operativo policial en la entrada al municipio, donde agentes lograron ubicar al sospechoso cuando salía a la vía pública. El individuo, de 60 años, es originario de Sonaguera, Colón, y residía en la colonia Los Pinos del Distrito Central.
Según las investigaciones iniciales, el ahora detenido laboraba como guardia de seguridad en una casa hogar administrada por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución encargada de la protección de menores en situación de vulnerabilidad.
La denuncia fue interpuesta por una ciudadana en representación de la víctima, señalando que los hechos habrían ocurrido el pasado 29 de marzo de 2026. Conforme al informe preliminar, el sospechoso habría llevado bajo engaños a la menor a un área privada del centro, donde presuntamente ocurrió el abuso.
Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público giró las instrucciones correspondientes para proceder con la captura, la cual se concretó el 31 de marzo mediante una detención preventiva.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el barrio Los Dolores, donde se le realizaron los procedimientos legales establecidos antes de ser remitido a la Fiscalía de turno.
Autoridades indicaron que el caso continúa en proceso de investigación y será presentado ante las instancias judiciales competentes en los próximos días, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado conforme a ley.
El hecho ha generado preocupación en distintos sectores, debido a que la víctima se encontraba bajo protección estatal, lo que ha reavivado el debate sobre los mecanismos de supervisión y seguridad en centros de resguardo para menores.
De acuerdo con el Código Penal de Honduras, el delito de violación contempla penas de entre nueve y trece años de prisión. No obstante, al tratarse de una víctima menor de 14 años, la legislación establece un aumento de la pena en un tercio, además de medidas adicionales como la prohibición de acercamiento a la víctima.
Organismos y ciudadanos han reiterado la importancia de garantizar entornos seguros para la niñez y adolescencia, así como el fortalecimiento de los protocolos de prevención, denuncia y atención en instituciones encargadas de su protección.
