Estados Unidos accedió a modificar parte de las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios de los abogados que representan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso penal que enfrentan en Nueva York.
La decisión fue revelada en un documento judicial que señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas para autorizar esos pagos bajo condiciones específicas. Entre ellas, que los fondos provengan de recursos disponibles del gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026.
El cambio representa un giro frente a la postura previa de las autoridades estadounidenses, que habían bloqueado dichos pagos argumentando razones de seguridad nacional y política exterior.
La defensa de Maduro había sostenido que impedir el pago vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho de todo acusado a contar con representación legal de su elección.
El juez federal Alvin Hellerstein también había cuestionado en audiencias anteriores si seguía existiendo justificación para mantener ese bloqueo financiero dentro del caso.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Brooklyn y se han declarado no culpables de los cargos en su contra. Según reportes judiciales, el juicio formal podría iniciar dentro de uno o dos años.
La medida ya genera debate político y legal, al combinar sanciones internacionales, derechos constitucionales y uno de los procesos más sensibles en la relación entre Washington y Caracas.
