La captura se ejecutó en cumplimiento de orden judicial del 13 de abril de 2026 del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, tras meses de vigilancia.
Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2025: el agresor interceptó a su expareja con amenazas de arma blanca, la obligó a ir con él, la sometió a agresiones físicas/psicológicas (incluyendo asfixia) y la retuvo atada a un árbol por horas, abusándola sexualmente sin que pudiera pedir ayuda.
Uno de sus hijos fue herido al intentar defenderla; familiares intervinieron para liberarla, pero el sujeto huyó. La víctima denunció abusos reiterados.
La DPI recolectó pruebas clave para individualizarlo y capturarlo. Será remitido a juicio; el Código Penal hondureño (art. 249) impone 9-13 años de prisión, más prohibición de residencia/aproximación por el doble del tiempo privativo.
Este caso resalta la lucha contra la violencia machista en zonas rurales.
