Por Oscar Meza Palma; PhD
Profesor Titular UNAH
Campus Comayagua
Este rezago crónico según variados estudios, es un fenómeno multidimensional de deterioro gradual de la funcionalidad política del estado y de la fragilidad de nuestro sistema productivo empresarial. Lo que a su vez ha detonado otras entropías, que
en las últimas tres décadas determinó un estilo de gobierno repleto de variadas urgencias que brotan por todas partes y una sociedad cada vez más descreída de la posibilidad de convertirnos en una democracia de bienestar y de oportunidades.
En este contexto, centro la preocupación en cuanto al rol que juegan nuestras
universidades para ser parte de las soluciones frente a los agudos problemas de orden energético, agrario y vulnerabilidad ambiental que nos mantienen postergados y en permanente estado de crisis. Y sobre el porqué los gobiernos en lugar de aprovechar el potencial de la academia, para volverse más asertivos en la toma de decisiones, tienden a ignorar este invaluable recurso. Relegando las universidades a funcionar como centros educativos difusos solamente.
El sentido de este artículo, es dejar planteado algunos elementos de análisis sobre la necesaria relación estado y universidad, haciendo posible que los saberes y experiencias sistematizadas aporten hacia mejores estándares de desempeño del gobierno nacional y a niveles municipales. En la teoría del desarrollo basada en el conocimiento, las universidades no son solo centros de enseñanza; son motores de transformación. Sus funciones principales respecto al país al que pertenecen podrían agruparse en dos ejes: Formación de Capital Humano Avanzado de profesionales capaces de resolver problemas complejos y elevar niveles de productividad en áreas cruciales del desarrollo (Brunner, J. 2025). Y La investigación científica y tecnológica que responda directamente a las ventajas comparativas y los desafíos críticos del territorio en áreas como infraestructura productiva y gestión del potencial hídrico.
Los problemas de Honduras no solo han sido recurrentes, sino que además crecientes en su impacto y complejidad. La actual insuficiencia energética, la dependencia de cada vez mayores importaciones de alimentos que se traducen en inflación y devaluación de nuestra moneda, más la caída de inversiones productivas, fueron problemas previsibles y superables en su momento. Pero la falta de soluciones reales aplicando análisis de causalidad y respuestas razonadas en contextos de planificación de largo plazo, ha moldeado una especie de gobernanza débil y conformista¨, caracterizada por gestiones cuatrianuales y clientelares. Lo cual, solo ha permitido que los problemas crónicos de Honduras, se vuelvan cada vez más complicados de resolver.
Incluso mayores problemas que se ramifican en una variedad de males sistémicos, tales como el creciente desempleo, la inseguridad social, los conflictos agrarios, etc. Sin embargo, la ciencia de gobernar con calidad y eficiencia no solo existe de manera accesible, sino que además nos coquetea a diario, mostrándonos evidencias exitosas de muchos países, que bajo condiciones peores que las nuestras, emergieron y ahora se posicionan en los mejores rankings de desempeño de sus economías y del bienestar social, gracias a haber puesto en marcha planes serios de recomposición del estado. Los principios de ordenamiento son claros. Exigen la articulación del sector empresarial, sociedad y gobierno. Aquí, la academia juega un rol fundamental, frente a los escenarios de incertidumbre actuales.
En ese sentido, fue grato ver el reciente ofrecimiento de la UNAH a través de su Rector, poner a disposición del gobierno, todos los recursos especializados en gestión del conocimiento que ostentan varios institutos especializados en disciplinas geológicas/energéticas, climáticas, agrícolas, de
planificación y ordenamiento territorial y tantos otros campos del conocimiento que conforman el patrimonio de saberes del Alma Mater. La que además goza de mandato constitucional para rectorar el sistema de educación superior. Con lo cual, puede perfectamente liderar tanques de pensamiento articulados en conjunto con el resto de universidades, al servicio de Honduras. En este sentido, considerar el potencial de 22 universidades: 8 públicas y 14 privadas que tiene el país, para hacerlas parte de una estrategia nacional de desarrollo. Sin obviar que la universidad pública se sustenta del financiamiento del estado y por tanto con mayores obligaciones hacia el interés colectivo.
La relación estado universidad no debería ser algo opcional y dependiente del capricho de cada gobierno. Mas bien se considera un recurso estratégico primordial, que muchos países de la región con economías crecientes y bienestar social, han ya utilizado. Por ejemplo, países como Chile, costa Rica y Panamá, sus gabinetes de gobierno mantienen un asiento reservado a la academia en temas y momentos cruciales. Brasil, es el caso insigne: posee el sistema de ciencia y tecnología más robusto de la región. La Universidad de São Pablo y la Universidad de Campinas son responsables de un porcentaje masivo de la innovación industrial y agrícola del país.
El desarrollo del "Cerrado" brasileño como potencia agrícola y el diseño de políticas de biocombustibles nacieron directamente de los laboratorios de estas universidades públicas, financiadas por el estado de São Paulo mediante un porcentaje fijo de la recaudación de impuestos, lo que blinda su incidencia de los ciclos políticos.
Todo lo anterior hace ver el financiamiento a la educación superior no como una
subvención a fondo perdido, sino una inversión de Estado. La UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) respaldan lo anterior, al afirmar que las universidades públicas de la región latinoamericana concentran más del 70% de la investigación científica avanzada (Unesco, 2024). Entonces la cultura gubernamental que busca ser eficiente, debiera reconocer que es el Estado de Honduras quien financia a la universidad. Por tanto, creando condiciones para que esta genere ciencia nativa orientada a resolver problemas locales, que a las corporaciones transnacionales no les interesa resolver (por ejemplo, mejoramiento de semillas criollas, mitigación de riesgos sísmicos o planeación urbana adaptada al trópico. De este modo la universidad pública (y privada) debe funcionar como el consultor científico preferente del Estado. Sus datos deben guiar los planes de desarrollo nacional, aportando neutralidad técnica y evidencia científica frente a los vaivenes políticos.
Adicionalmente, la legitimidad de las universidades se asienta en la medida que la
sociedad percibe sus aportes en las soluciones a crisis nacionales (agua, salud, alimentación).
Pero al divorciarse de su función social, la universidad deja de ser un ascensor social. Así, el conocimiento tiende a mercantilizarse y degradarse a ser meramente un reproductor de privilegios urbanos, dejando a las regiones rurales o periféricas desprovistas de técnicos capaces de mitigar la vulnerabilidad sanitaria, climática o productiva. Como consecuencia la ciudadanía dejará de defender su presupuesto. Abriendo las puertas a la privatización encubierta y al desmantelamiento de la investigación básica.Por su parte, el sector productivo empresarial también debería construir sinergia con el patrimonio de saberes nacionales. La universidad debe ser el departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) externo de las empresas locales. Transferir tecnología, patentes y optimización de procesos, mientras que el sector productivo financia investigaciones y valida la utilidad del conocimiento.
Sin universidades incidiendo en el aparato productivo, los países se vuelven
maquetadores de tecnologías externas. En el ámbito agrícola, por ejemplo, el desorden urbano fagocitará las tierras fértiles porque no habrá una voz académica con peso para diseñar leyes de ordenamiento territorial. Y al no haber demanda de innovación por parte del mercado, la investigación universitaria se vuelve endogámica: se investiga para publicar en revistas científicas y cumplir requisitos internos, pero esos hallazgos no se traducen en mejoras del tejido productivo. Tampoco quiere decir que nuestras universidades poseen automáticamente la
solución ya empaquetada para cada problema de país. Pero en la medida que se logra establecer una cultura de articulación entre gobierno – empresa – academia.
La experiencia documentada ha demostrado que, en tal contexto, las universidades se ven presionadas a adaptar sus currículos en función y anticipándose a las necesidades estructurales del país. Entonces, se concluye que el divorcio actual no ocurre porque las universidades carezcan de capacidad intelectual o académica; sino porque los gobiernos de turno pareciera que se alejan cada vez de los beneficios de la tecnocracia y la toma de decisiones debidamente informadas. Para romper este círculo vicioso, no basta con tener de buen vecino a la academia: se requiere que el Estado actúe como puente, incentivando al aparato productivo a absorber ciencia local y protegiendo la autonomía universitaria para que esta pueda concentrarse en resolver las crisis estructurales del país.
