Combustible caro, energía cara… ¿quién protege al consumidor?
Por: Abg.
Kellin Castro
Cada
semana los hondureños enfrentan nuevos incrementos en el precio de los
combustibles. A ello se suma una factura de energía eléctrica que continúa
representando una pesada carga para miles de familias. Mientras el costo de la
vida sigue aumentando, el presupuesto de los hogares se reduce y la
preocupación de los ciudadanos crece.
Pero
existe una pregunta que merece una respuesta clara: ¿quién garantiza que
cada litro de combustible que paga un hondureño es exactamente el litro que
recibe?
La
protección del consumidor no termina con publicar una nueva estructura de
precios. El Estado tiene la obligación de velar porque las relaciones de
consumo sean justas, transparentes y conforme a la ley. Así lo establecen la Constitución
de la República, la Ley de Protección al Consumidor (Decreto No.
24-2008) y los principios de legalidad, eficiencia y transparencia que
deben regir toda actuación de la administración pública.
Sin
embargo, han surgido preocupaciones sobre la capacidad técnica con la que
actualmente se supervisan y verifican los sistemas de medición en las
estaciones de servicio. Si existe una insuficiencia de personal especializado
en el área de hidrocarburos y metrología legal para realizar inspecciones
permanentes y efectivas, corresponde a la Dirección General de Protección al
Consumidor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico,
informar con absoluta transparencia cuál es su capacidad operativa y qué
medidas está implementando para garantizar la protección de los consumidores.
La
ciudadanía merece respuestas claras:
- ¿Cuántos especialistas
realizan las verificaciones técnicas en las estaciones de servicio?
- ¿Con qué frecuencia se
inspeccionan las bombas despachadoras?
- ¿Cuántas irregularidades han
sido detectadas y qué sanciones se han aplicado?
- ¿Cuenta la institución con
el personal técnico suficiente para cumplir eficazmente su función?
Estas
preguntas no buscan confrontación. Buscan transparencia, rendición de cuentas y
el cumplimiento de la ley.
Cuando el
combustible sube, cuando la energía eléctrica continúa presionando el
presupuesto familiar y cuando cada lempira cuenta, la supervisión del Estado
debe fortalecerse, no debilitarse. La confianza de la ciudadanía se construye
con controles efectivos, instituciones sólidas y funcionarios que respondan con
hechos.
Conclusión
No
estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo el cumplimiento de la ley.
Toda
familia hondureña tiene derecho a que el combustible que compra sea entregado
con exactitud y a que las autoridades ejerzan una supervisión efectiva,
permanente y transparente. La protección al consumidor no puede debilitarse
precisamente cuando el costo de la vida aumenta y la economía familiar enfrenta
mayores dificultades.
Hoy más
que nunca, Honduras necesita instituciones fuertes que garanticen el respeto a
los derechos de los consumidores y que ninguna familia quede desprotegida
frente a posibles abusos o deficiencias en los mecanismos de control.
Defender
los derechos del consumidor es defender el patrimonio de las familias
hondureñas.
