Como resultado de varias semanas de trabajo investigativo, seguimiento operativo y vigilancia especializada, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la UMEP-2 y la Dirección Policial de Investigaciones (DIPOL), capturaron a dos presuntos integrantes y cabecillas de la Pandilla 18, vinculados, según las investigaciones, con una estructura dedicada al cobro de extorsiones en diferentes sectores del Distrito Central.
La operación se desarrolló en la aldea El Lolo, en Comayagüela, donde los equipos policiales lograron ubicar a los sospechosos y detenerlos en el momento en que presuntamente realizaban el cobro de dinero exigido a víctimas de extorsión.
Los detenidos fueron identificados como Kevin Adail Bardales Sosa, de 34 años, conocido con el alias de “El Archi”, y Luis David Martell Cortés, de 20 años, alias “Serpiente”.
De acuerdo con los indicios recopilados durante el proceso investigativo, ambos ejercerían funciones dentro de una estructura criminal relacionadas con la intimidación de víctimas y el cobro de dinero producto de las exigencias extorsivas.
Las autoridades indicaron que la captura fue el resultado de una investigación desarrollada durante varias semanas. Agentes especializados habrían dado seguimiento a los movimientos y actividades de los sospechosos, utilizando información obtenida a través de denuncias y otras fuentes de investigación.
Durante el proceso se realizaron acciones de análisis criminal, verificación de información, vigilancia discreta y seguimiento operativo. Estas labores permitieron, según la DAET, identificar posibles zonas de operación, establecer patrones de movilidad y conocer parte de los mecanismos presuntamente utilizados para realizar los cobros.
La investigación permitió a los equipos policiales establecer el momento para ejecutar la intervención, logrando la captura de ambos sospechosos cuando presuntamente materializaban uno de los cobros.
Según las autoridades, los ahora detenidos habrían exigido dinero mediante amenazas e intimidaciones contra propietarios y operadores de unidades del transporte público, así como contra dueños de pulperías, llanteras y otros establecimientos comerciales ubicados en Tegucigalpa y Comayagüela.
Las exigencias económicas se habrían realizado principalmente a través de llamadas telefónicas intimidatorias. Las víctimas, de acuerdo con las investigaciones, recibían amenazas y se les exigían pagos periódicos bajo la advertencia de sufrir represalias si se negaban a entregar las cantidades solicitadas.
En el caso de Kevin Adail Bardales Sosa, alias “El Archi”, las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación relacionadas con otros hechos violentos ocurridos en la capital. Entre ellos figura la investigación por la muerte de un oficial de la Policía Nacional registrada en 2023.
Además, los equipos investigadores analizan información para determinar si existe una posible vinculación del sospechoso con otros hechos violentos y muertes múltiples ocurridas en diferentes sectores del Distrito Central. Las autoridades aclararon que estas líneas de investigación continúan abiertas y deberán ser sustentadas mediante los procedimientos correspondientes.
Por su parte, Luis David Martell Cortés, alias “Serpiente”, cuenta, según la información policial, con antecedentes relacionados con el delito de extorsión y habría sido detenido anteriormente por hechos vinculados con esta actividad ilícita.
Durante la operación también se decomisó dinero en efectivo. Su procedencia y su posible relación con los cobros extorsivos serán analizadas mediante las pericias y diligencias correspondientes.
Los dos detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente por el presunto delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Las denuncias que dieron origen a parte de la investigación fueron interpuestas a través de la línea 143.
La DAET informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la estructura, determinar cómo operaba la red y establecer si existen conexiones con otros delitos cometidos en el Distrito Central.
Las autoridades reiteraron que las acciones contra las estructuras dedicadas a la extorsión buscan identificar no solamente a quienes realizan directamente los cobros, sino también a las personas que presuntamente coordinan, amenazan, financian o facilitan el funcionamiento de estas redes criminales.
