Guatemala enfrenta una situación de creciente preocupación debido al agravamiento de la sequía y los efectos asociados al fenómeno de El Niño. Ante este escenario, la vicepresidenta Karin Herrera instruyó a las autoridades de gestión de riesgos y gobiernos locales a solicitar la declaración de alerta roja para 15 municipios ubicados en el este del país.
La falta de lluvias y las altas temperaturas están afectando los cultivos de maíz y frijol, además de generar dificultades para el empleo rural, la ganadería y la seguridad alimentaria. Las autoridades guatemaltecas consideran necesario reforzar las medidas de atención para evitar que la situación continúe deteriorándose y afecte a un mayor número de familias.
Uno de los puntos que concentra la preocupación es el lago Güija, compartido por Guatemala y El Salvador. La disminución de su nivel representa un riesgo para las comunidades que dependen de la pesca y la agricultura, actividades que constituyen una fuente importante de sustento para las poblaciones cercanas.
El escenario también tiene implicaciones para Honduras debido a la Región Trifinio, una zona fronteriza que los tres países administran conjuntamente desde 1997 en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana. Esta región está conformada por 15 municipios de Guatemala, ocho distritos de El Salvador y 22 municipios de Honduras.
No obstante, la solicitud de alerta roja corresponde específicamente a Guatemala y la información disponible no establece que Honduras haya declarado una alerta roja por esta situación. La inclusión de municipios hondureños dentro de la Región Trifinio sí hace que la evolución de las condiciones climáticas sea un asunto de interés para las comunidades de la zona fronteriza.
Como parte de la respuesta, Guatemala contempla acelerar la entrega de alimentos, establecer reservas estratégicas de granos, activar seguros agrícolas compensatorios y construir reservorios artesanales para almacenar agua. También se anunció el despliegue de 124 brigadas médicas y nutricionales para atender a las poblaciones más vulnerables.
El plan incluye además apoyo económico para pequeños productores mediante las Cajas Rurales, créditos con tasa nula y medidas dirigidas al sector ganadero, que enfrenta dificultades debido a la falta de pastos.
Las autoridades también preparan bonos de emergencia para familias de la zona fronteriza y evalúan medidas para contener posibles incrementos en los precios de la canasta básica y los combustibles.
La vicepresidenta Karin Herrera estableció un plazo de 15 días para recibir un informe sobre los avances de las medidas y subrayó la importancia de garantizar que la ayuda llegue de manera transparente a las familias afectadas.
