Un exmiembro de la Policía Municipal de La Lima comparece este miércoles ante un juez para someterse a un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual reconocerá su responsabilidad en el asesinato de su expareja, quien tenía tres meses de embarazo, y de una amiga de ella.
El acusado, Luis André Velásquez Torres, enfrenta cargos por femicidio agravado por la muerte de Cinthia Carolina Castro Castañeda, de 26 años, y Génesis Nazareth Cerrato Montes, de 19. La audiencia se desarrolla en los tribunales competentes mientras el Ministerio Público solicita una condena que supera los 37 años de prisión.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el crimen ocurrió en la madrugada del 13 de noviembre de 2022 en la colonia Los Maestros, en el municipio de La Lima, Cortés. Las investigaciones señalan que el imputado habría vigilado a las jóvenes desde que salieron de un centro nocturno y posteriormente las siguió hasta la vivienda de Cinthia, con quien había terminado una relación sentimental meses antes.
El expediente judicial detalla que, al momento en que ambas descendían de un taxi, el acusado les salió al paso armado con una pistola calibre 9 milímetros —arma que portaba por su condición de agente municipal— y disparó en múltiples ocasiones. Según la acusación, Génesis fue atacada primero cuando intentaba abrir el portón de la vivienda, recibiendo varios impactos. Cinthia intentó escapar, pero fue alcanzada y herida de muerte. Las dos fallecieron en el lugar.
El juez que conoce la causa calificó los hechos como femicidio agravado, al considerar que hubo premeditación, alevosía y violencia basada en la condición de género, además del antecedente de relación entre el imputado y una de las víctimas.
Al acogerse al procedimiento abreviado, el acusado busca una reducción de la pena. La Fiscalía solicitará 18 años y nueve meses de prisión por cada uno de los delitos, lo que sumaría un total de 37 años y ocho meses de reclusión.
La legislación hondureña establece que el femicidio agravado puede castigarse hasta con 30 años de cárcel por cada víctima. De no haberse sometido a este mecanismo judicial, el exagente habría podido enfrentar una condena de hasta 60 años de prisión.
El caso ha generado consternación en la comunidad de La Lima y reaviva el debate sobre la violencia contra la mujer y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección en el país.
