El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la operación militar de gran escala lanzada contra Irán, asegurando que se trató de un ataque preventivo para evitar que fuerzas iraníes ejecutaran primero una ofensiva contra intereses estadounidenses en la región.
Rubio explicó que, según información de inteligencia, Teherán planeaba realizar un ataque contra posiciones militares de Estados Unidos, por lo que Washington decidió actuar antes de que se produjeran mayores bajas.
“Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas”, declaró el funcionario en contacto con la prensa antes de participar en una reunión privada con congresistas para analizar la situación.
Justificación de la operación militar
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el gobierno de Donald Trump tenía conocimiento de que Israel preparaba una ofensiva y que Irán planeaba responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio.
Según Rubio, la decisión de atacar primero se tomó para evitar un escenario con mayores pérdidas humanas y proteger a las tropas desplegadas en la región.
El secretario de Estado también señaló que la ofensiva continuará hasta neutralizar las capacidades militares estratégicas de Irán, incluyendo su programa de misiles, su fuerza naval y su infraestructura nuclear.
Contexto del conflicto
La operación militar se produjo el sábado en un ataque a gran escala que, de acuerdo con reportes internacionales, provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien gobernaba el país desde 1989.
Tras el ataque, autoridades iraníes confirmaron represalias mediante ofensivas aéreas dirigidas contra Israel y otras zonas de la región donde se encuentran bases militares estadounidenses.
De acuerdo con declaraciones de Rubio, la siguiente fase de la operación militar estadounidense podría ser “aún más severa”, en el marco de la estrategia de presión contra el programa militar iraní.
El gobierno de Washington ha sido cuestionado por lanzar la ofensiva sin solicitar previamente autorización del Congreso, órgano que constitucionalmente posee la facultad de declarar guerra, lo que ha abierto un debate político sobre la legalidad de la acción militar.
