Denuncian uso de vehículos de lujo y seguridad con fondos públicos tras dejar el cargo.
Según fuentes del Poder Judicial, estos automotores, que fueron rentados con fondos públicos, no estarían siendo utilizados para funciones oficiales, sino para el uso de su entorno familiar, incluyendo esposo, hijos y otros allegados.
Las mismas fuentes señalan que la exfuncionaria ha justificado esta situación alegando motivos de seguridad, amparándose en la Ley de Protección a Altos Funcionarios del Estado, argumento que ha generado fuertes cuestionamientos.
Cada uno de los vehículos tendría un costo aproximado de 250 dólares diarios, lo que representa un gasto significativo que, según las denuncias, continúa siendo cubierto con recursos del Estado.
A esto se suma que también mantiene a su disposición un contingente de seguridad activo, con unidades asignadas para resguardar su vivienda y entorno familiar, lo que incrementa aún más el uso de fondos públicos.
El caso ha provocado reacciones de indignación en distintos sectores, que cuestionan el uso de recursos del Estado para fines personales en un contexto de limitaciones presupuestarias.
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial detallado por parte de la exfuncionaria, mientras crece la presión para que se esclarezca la situación y se tomen las medidas correspondientes.
