La ENEE no se vende: se blinda “El falso dilema no es estatizar o privatizar, sino decidir si la energía seguirá siendo un bien público al servicio del pueblo o un negocio al servicio de unos pocos.”

Por: Abogada Kellin Castro

La discusión sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional. De nuevo se intenta reducir el tema a un falso dilema: estatizar o privatizar, “defender” la empresa estatal o “abrir” el mercado. Esa no es la verdadera discusión, y mucho menos desde una perspectiva jurídica y liberal democrática.

El verdadero debate debe centrarse en una pregunta mucho más seria: ¿qué modelo garantiza de mejor manera el interés público, la soberanía energética y la protección del patrimonio nacional, con tarifas justas y reglas claras para todos?

La ENEE no es una empresa cualquiera. Es una institución estratégica, directamente vinculada con el desarrollo económico, la competitividad del país y el bienestar de los hogares hondureños. Tocar la ENEE es tocar la capacidad del Estado para asegurar un servicio esencial y, al mismo tiempo, un instrumento de política pública de largo plazo. Por eso, cualquier reforma debe analizarse con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la Constitución.

Durante décadas, la empresa ha sufrido decisiones políticas irresponsables, contratos lesivos, endeudamiento descontrolado, pérdidas técnicas y no técnicas intolerables y una administración muchas veces capturada por intereses ajenos al bien común. Negar esa realidad sería cerrar los ojos al daño que se ha causado al pueblo hondureño.

Pero tampoco es jurídicamente serio ni honesto presentar la fragmentación de la ENEE en sociedades mercantiles o su reestructuración como si, por sí sola, fuera la solución mágica a todos los problemas. Separar generación, transmisión y distribución puede tener lógica técnica; el riesgo es que se use como antesala de privatizaciones encubiertas de las áreas más rentables, mientras las pérdidas y las deudas quedan socializadas.

Desde el derecho público, las reformas deben responder a principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y protección del patrimonio del Estado. El país tiene derecho a saber, con absoluta claridad, qué se está aprobando:

• Qué se va a cambiar exactamente.
• Qué activos se mantienen bajo dominio pleno del Estado.
• Qué tipo de participación privada se permitirá, bajo qué límites y con qué controles.
• Qué mecanismos concretos existirán para evitar pactos oscuros y negociaciones a espaldas de la ciudadanía.

La Constitución reconoce la función social del Estado y le impone el deber de garantizar servicios esenciales. Eso significa que, en materia energética, el objetivo central no puede ser solo “cuadrar balances”, sino proteger al ciudadano: asegurar acceso, calidad, tarifas razonables y seguridad energética para las futuras generaciones.

Por eso, la pregunta de fondo no es quién administra la empresa, pública o privada, ni qué siglas se cuelgan la medalla.

La pregunta correcta es:

¿Qué modelo garantiza tarifas justas, inversiones sostenibles, transparencia administrativa, control ciudadano y un blindaje real contra la entrega de activos estratégicos?

Una empresa pública ineficiente daña al ciudadano. Pero una reforma sin candados, sin controles y sin vigilancia social puede ser todavía más peligrosa: abre la puerta a que represas, redes de transmisión y activos construidos con dinero del pueblo terminen, de forma directa o indirecta, en manos de unos pocos.

Por eso, Honduras necesita hoy un debate serio, técnico y jurídico, no una cortina de humo entre “estatistas” y “privatizadores”. Se necesita definir con precisión:

• Que no se venderán ni se podrán vender, bajo ninguna figura creativa, las represas, las principales líneas de transmisión y la infraestructura estratégica del sistema.
• Que cualquier participación privada deberá estar sometida a reglas claras, licitaciones transparentes y supervisión efectiva.
• Que los contratos existentes se revisarán y renegociarán cuando sean lesivos al interés público.
• Que habrá responsabilidades políticas y legales para quienes sigan usando el sector eléctrico como botín.

La ENEE debe ser fortalecida, modernizada y saneada financieramente, sí. Pero esa transformación solo será legítima si se realiza con transparencia, con control social, respetando el marco constitucional y asegurando que el patrimonio público continúe sirviendo a los intereses del pueblo hondureño, no de una élite política o económica.

Porque la energía eléctrica no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a un grupo empresarial.

Pertenece a todas y todos los hondureños.

Sobre la Autora: 

La abogada Kellin Castro trabaja en la defensa de derechos ciudadanos frente al Estado, con énfasis en transparencia, control del poder y en la protección de servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, desde una visión liberal democrática.