La Alianza Campesina, Indígena y Popular entregó una iniciativa respaldada por 14 mil firmas para solicitar un juicio político contra autoridades y diputados del Congreso Nacional por la aprobación de la Ley Agroindustrial.
De acuerdo con la organización, la normativa facilita el despojo de tierras pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, por lo que consideran que deben deducirse responsabilidades políticas.
La petición también incluye al diputado del Partido Nacional, Erick José Alvarado, por haber presentado el proyecto de ley ante el pleno legislativo, así como a los congresistas que integraron la comisión de dictamen y emitieron un informe favorable para su aprobación.
Además, la Alianza señala al vicepresidente del Congreso Nacional por el Partido Liberal, Leonel López Orellana, a quien responsabiliza de promover la moción que incorporó el sector turismo al contenido de la legislación.
Los representantes de la organización sostienen que la iniciativa busca que se revisen las actuaciones de los congresistas involucrados y que se determine si existen responsabilidades políticas derivadas de la aprobación de la ley. El planteamiento se da en medio del debate nacional sobre el impacto de la normativa en los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
