La aeronave presidencial fue vendida por menos de 5.1 millones de dólares, pese a que en 2014 el Estado desembolsó 14.8 millones para su adquisición, generando cuestionamientos sobre la millonaria pérdida.
La operación ha generado debate debido a la diferencia entre el precio de adquisición y el monto obtenido por la venta, lo que representa una pérdida millonaria respecto a la inversión inicial realizada por el Estado.
La aeronave fue adquirida durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández y durante años fue utilizada para viajes oficiales y misiones diplomáticas del gobierno hondureño.
Sectores políticos y ciudadanos han cuestionado la depreciación del activo y las condiciones bajo las cuales se concretó la venta, mientras otros consideran que el mantenimiento y operación del avión representaban elevados costos para las finanzas públicas.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado el destino específico de los recursos obtenidos por la transacción ni los planes relacionados con futuras necesidades de transporte aéreo oficial del Estado hondureño.
