El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresó su preocupación por las condiciones en las que periodistas y comunicadores desarrollan su trabajo en Honduras, luego de reportar alrededor de 60 alertas relacionadas con amenazas contra periodistas y sus familiares durante 2026.
La organización sostiene que detrás de cada alerta existe una persona que enfrenta una situación de riesgo y una familia que puede verse afectada por las consecuencias de las amenazas. Por ello, C-Libre considera que la cifra debe ser entendida como un indicador de las condiciones que atraviesa actualmente el ejercicio periodístico en el país.
Saúl Bueso, abogado y miembro de C-Libre, señaló que durante este año ya se contabilizan alrededor de 60 alertas y enfatizó que la preocupación principal no está solamente en el número registrado, sino en el impacto que estas situaciones tienen sobre los periodistas y sus familias.
De acuerdo con Bueso, cada alerta representa a un comunicador que puede estar experimentando miedo debido a amenazas, intimidaciones u otras formas de presión relacionadas con su trabajo.
La organización también advierte que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias que van más allá de la seguridad personal de los periodistas. Cuando un comunicador recibe amenazas o teme por la seguridad de sus familiares, puede comenzar a modificar la manera en que desarrolla su trabajo, evitar determinados temas o limitar la información que publica.
Este fenómeno es conocido como autocensura y constituye una de las principales preocupaciones para las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
C-Libre sostiene que la situación no es nueva y que durante los últimos años ha mantenido un registro constante de agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación en Honduras.
Según los datos citados por la organización, el país ha registrado más de 40 alertas anuales durante diferentes periodos, lo que para C-Libre evidencia un patrón que debería generar mayor atención por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los comunicadores.
Entre enero y junio de 2026, el Sistema de Alertas de C-Libre ya había contabilizado 60 agresiones contra la libertad de expresión, la prensa y el acceso a la información, lo que representaba aproximadamente una agresión cada tres días durante ese periodo.
Las alertas incluyen diferentes tipos de agresiones y restricciones que pueden afectar el trabajo de periodistas y medios de comunicación. Entre ellas pueden encontrarse amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, obstáculos para acceder a información y otras acciones que limitan el ejercicio periodístico.
El historial documentado por la organización también muestra que esta problemática se ha mantenido durante años. En 2023, C-Libre reportó un total de 122 alertas relacionadas con la libertad de expresión.
Uno de los aspectos señalados por la organización es la participación de funcionarios públicos en algunos de los casos registrados. Según cifras previamente divulgadas por C-Libre, el 32 % de las alertas registradas en 2023 tuvo como origen a altos funcionarios públicos.
Para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, la participación de funcionarios o personas con poder e influencia representa una preocupación adicional, debido a que las declaraciones, señalamientos o acciones provenientes de autoridades pueden aumentar el nivel de exposición y vulnerabilidad de los periodistas.
La situación también tiene un impacto directo sobre la ciudadanía. Cuando un periodista deja de investigar o informar sobre determinados asuntos debido al temor de recibir represalias, la sociedad pierde acceso a información que puede ser relevante para conocer situaciones de interés público.
La libertad de prensa no solamente protege a los periodistas y a los medios de comunicación. También está relacionada con el derecho de la población a recibir información diversa y conocer diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos que ocurren en el país.
C-Libre considera que las amenazas contra periodistas deben ser investigadas y que las autoridades deben establecer mecanismos efectivos para proteger a quienes se encuentran en situación de riesgo.
La organización también plantea la necesidad de que las investigaciones permitan identificar a los responsables de las amenazas y agresiones, evitando que estos casos queden en la impunidad.
El temor de los periodistas puede extenderse además a sus familiares. Cuando las amenazas incluyen referencias directas a hijos, padres, parejas u otros miembros del núcleo familiar, el impacto psicológico y profesional puede ser todavía mayor.
Por esa razón, C-Libre insiste en que las cifras deben ser observadas como un “termómetro” de la situación de la libertad de expresión y no simplemente como estadísticas acumuladas.
Con más de 60 alertas registradas durante 2026, la organización considera que existe una señal de preocupación que debe ser atendida para evitar que las amenazas y agresiones terminen normalizándose dentro del ejercicio periodístico hondureño.
El panorama plantea además un desafío para los medios de comunicación, que deben buscar mecanismos para proteger a sus periodistas y garantizar que puedan continuar realizando su trabajo sin que las amenazas contra ellos o sus familias determinen qué temas pueden investigar o publicar.
Mientras C-Libre continúa documentando los casos, la organización mantiene el llamado a las autoridades para fortalecer las investigaciones y las medidas de protección para periodistas en riesgo.
La situación deja una preocupación que va más allá de los propios comunicadores: cuando un periodista tiene miedo de informar, también se afecta el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre en Honduras.
