Por: Abog. Kellin Castro
Honduras no puede seguir tratando la violencia contra la niñez como una estadística más. Detrás de cada cifra hay una niña o un niño cuya vida, seguridad y futuro han sido vulnerados. La realidad exige una respuesta nacional inmediata: se estima que 26 niñas, niños y adolescentes sufren abuso sexual cada día en el país; es decir, más de un caso por hora.
La gravedad aumenta cuando observamos el embarazo infantil. En 2023, 1,009 niñas de 10 a 14 años se convirtieron en madres, dentro de un total de 22,392 nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 18 años. Esto equivale a cerca de tres niñas de 10 a 14 años cada día, no a 21 diarias; la cifra de 21 corresponde al promedio diario de madres adolescentes de 15 a 18 años en ese mismo registro.
Cuando una niña de 10, 11, 12, 13 o 14 años queda embarazada, no estamos frente a una “maternidad temprana” que deba normalizarse. Estamos frente a una posible consecuencia de violencia sexual, coerción, abuso de poder y fallas graves en la protección de su entorno. Las instituciones deben investigar cada caso con urgencia, garantizar atención médica, psicológica y legal, y proteger a la víctima de nuevas agresiones.
El silencio también es una forma de abandono. Familias, docentes, comunidades, autoridades locales, centros de salud, iglesias y medios de comunicación tienen la obligación de reconocer señales de riesgo, escuchar sin juzgar y denunciar. La protección no puede depender de la capacidad de una niña para pedir ayuda; debe existir antes de que el daño ocurra.
Lo que debemos exigir
Prevención y educación adecuada para la edad en escuelas, familias y comunidades.
Rutas accesibles de denuncia y protección inmediata para las víctimas.
Investigación especializada, rápida y efectiva de cada denuncia.
Atención integral médica, psicológica, social y jurídica para niñas, niños y adolescentes.
Sanciones reales contra agresores y responsables de encubrir los hechos.
Datos públicos, actualizados y verificables para orientar políticas de prevención.
Honduras necesita asumir que proteger a la niñez no es un gesto de caridad ni una promesa de campaña: es un deber constitucional, ético y humano. Ningún niño debe crecer con miedo; ninguna niña debe ser obligada a vivir las consecuencias de una violencia que el Estado y la sociedad pudieron prevenir.
