El Congreso Nacional aprobó una moción relacionada con el pago de impuestos de las empresas de telecomunicaciones Tigo y Claro, luego de que el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, presentara una propuesta para evitar que ambas compañías fueran incluidas dentro de una exoneración fiscal.
Durante la discusión, Sandoval defendió la postura de que las empresas que generan importantes ingresos en el país deben cumplir con sus obligaciones tributarias y cuestionó que compañías de este tamaño pudieran recibir beneficios fiscales mientras otros sectores de la población y empresas cumplen con el pago de impuestos.
El diputado sostuvo que no debería existir un trato preferencial para determinadas compañías y resumió su posición bajo el argumento de que “todos debemos pagar impuestos”.
La propuesta generó un debate entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Mientras diputados de Libre y del Partido Liberal respaldaron la moción, desde la bancada del Partido Nacional se manifestó oposición a la propuesta.
Los nacionalistas argumentaron que la amnistía debía aplicarse bajo el principio de igualdad ante la ley y cuestionaron que determinadas empresas fueran excluidas de los beneficios contemplados.
Finalmente, la moción fue aprobada con los votos necesarios para establecer que Tigo y Claro no fueran beneficiadas con la exoneración planteada, por lo que deberán cumplir con las obligaciones tributarias que correspondan.
El tema genera especial interés debido al tamaño de las compañías de telecomunicaciones y al volumen de operaciones que mantienen dentro del mercado hondureño.
La discusión también vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre las exoneraciones fiscales en Honduras, un mecanismo mediante el cual determinadas personas, empresas o sectores pueden quedar liberados total o parcialmente del pago de determinados tributos cuando existe una disposición legal que así lo establece.
Quienes respaldaron la moción consideran que las empresas con capacidad económica deben contribuir al financiamiento del Estado mediante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En el otro extremo, los sectores que cuestionaron la medida plantearon que las disposiciones relacionadas con amnistías o beneficios fiscales deben aplicarse bajo criterios generales y sin establecer diferencias entre contribuyentes.
La decisión del Congreso Nacional significa que Tigo y Claro deberán asumir las obligaciones tributarias que correspondan bajo el marco legal vigente, luego de quedar fuera del beneficio que se pretendía aplicar.
El debate también pone nuevamente en discusión cuánto dinero deja de percibir el Estado hondureño mediante diferentes regímenes de exoneraciones y cuáles deberían ser los criterios para otorgar o retirar estos beneficios.
Para los defensores de una mayor recaudación, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de grandes compañías representa una fuente importante de recursos que pueden ser destinados a servicios públicos, infraestructura, salud, educación y otros programas estatales.
Ahora corresponderá a las instituciones encargadas de la administración tributaria aplicar las disposiciones aprobadas y determinar las obligaciones que correspondan a las empresas involucradas.
La decisión legislativa marca además un nuevo capítulo en la discusión sobre el tratamiento fiscal de las grandes empresas que operan en Honduras y sobre el principio de que los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación nacional.
