El campo hondureño enfrenta nuevamente una realidad que debería preocupar a todo el país: los agricultores producen, trabajan y arriesgan su capital, pero continúan enfrentando dificultades que amenazan su capacidad para mantenerse en la actividad agrícola.
Con el inicio del nuevo gobierno surgieron expectativas de que el sector agropecuario recibiría mayor atención. Los productores esperaban políticas capaces de responder a problemas que durante años han golpeado al campo: altos costos de producción, dificultades para acceder a financiamiento, falta de asistencia técnica, problemas de comercialización, infraestructura deteriorada y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.
Sin embargo, gobernar también significa responder con resultados concretos a quienes sostienen buena parte de la alimentación del país. No basta con anunciar programas, reuniones o nuevas estrategias si estas no llegan hasta las comunidades donde los productores necesitan soluciones.
El agricultor hondureño no solamente enfrenta el desafío de sembrar y cosechar. Antes de colocar una semilla en la tierra debe enfrentar el precio de los fertilizantes, los insumos, los combustibles, el transporte y la mano de obra. Después de producir, todavía debe encontrar un mercado donde pueda vender a un precio que le permita recuperar su inversión y obtener una ganancia digna.
Ese es uno de los grandes problemas que Honduras no puede seguir ignorando.
Cuando el productor recibe un precio demasiado bajo por su cosecha, mientras el consumidor paga cada vez más por los alimentos, algo está fallando en la cadena. El agricultor termina siendo uno de los eslabones más vulnerables, aunque sea precisamente quien hace posible que los alimentos lleguen a los mercados.
A esto se suman las dificultades provocadas por el clima. Sequías, lluvias intensas, inundaciones y cambios en los ciclos de producción pueden destruir en poco tiempo meses de trabajo. Para un pequeño productor, perder una cosecha no representa solamente perder alimentos: significa perder la inversión de toda una temporada y, muchas veces, quedar endeudado para poder volver a sembrar.
Por eso, el sector agrícola necesita mucho más que respuestas de emergencia. Honduras necesita una política agrícola de largo plazo.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de demostrar que el campo ocupa un lugar estratégico dentro de su agenda. Eso significa fortalecer el acceso al crédito, garantizar asistencia técnica, mejorar los sistemas de riego, invertir en caminos productivos, facilitar el acceso a semillas e insumos y crear mecanismos de comercialización que permitan al productor recibir un precio justo.
También es indispensable escuchar directamente a los agricultores. Las decisiones tomadas desde los escritorios de Tegucigalpa pueden tener buenas intenciones, pero no siempre responden a la realidad de quienes trabajan diariamente en las parcelas.
El productor de Olancho no necesariamente enfrenta los mismos problemas que uno del corredor seco, un caficultor de La Paz o un agricultor de la zona occidental. Las políticas públicas deben reconocer esas diferencias y diseñar soluciones de acuerdo con las necesidades de cada región.
Además, apoyar al agricultor no significa únicamente beneficiar a quienes trabajan la tierra. Significa proteger al consumidor hondureño.
Un sector agrícola fuerte puede contribuir a garantizar el abastecimiento de alimentos, reducir la dependencia de las importaciones, generar empleo y mantener activas las economías locales. Cuando el campo funciona, también se benefician los transportistas, comerciantes, mercados, pequeñas empresas y miles de familias que dependen directa o indirectamente de la producción nacional.
Por eso, la discusión sobre el futuro de la agricultura no debería limitarse a los meses en que aumentan los precios de los alimentos o cuando una emergencia climática destruye cultivos.
El campo necesita atención permanente.
El nuevo gobierno debe entender que los agricultores no están pidiendo privilegios. Están reclamando condiciones que les permitan producir. Están pidiendo acceso a herramientas, financiamiento, infraestructura, mercados y seguridad para invertir.
Honduras no puede hablar de seguridad alimentaria mientras sus productores continúan enfrentando dificultades para sembrar y vender sus cosechas.
Tampoco puede hablar de desarrollo económico dejando en segundo plano a las comunidades rurales.
El país necesita pasar del discurso a los resultados. Los agricultores necesitan respuestas medibles, programas que funcionen y políticas que sobrevivan a los cambios de gobierno.
Porque detrás de cada quintal de maíz, cada saco de frijoles, cada carga de café, cada hortaliza y cada producto que llega a una mesa hondureña existe el trabajo de una familia que decidió permanecer en el campo.
Y esas familias no pueden seguir esperando.
El campo hondureño no necesita promesas: necesita condiciones para producir, vender y vivir dignamente de su trabajo.
Julianna Martinez
