Hay decisiones que parecen ocurrir lejos de nosotros, pero cuyas consecuencias terminan tocando la puerta de nuestros hogares. La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos es una de ellas. No estamos hablando únicamente de un tema migratorio o de un trámite legal; estamos hablando de familias, de proyectos de vida, de jóvenes que estudian, de padres que trabajan y, también, de una economía hondureña que durante décadas ha dependido en buena medida del esfuerzo de nuestros compatriotas en el extranjero.
El TPS para Honduras fue creado en 1999, después de la devastación provocada por el huracán Mitch. Durante más de dos décadas, miles de hondureños pudieron vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras construían una vida que, para muchos, terminó convirtiéndose en su hogar. La terminación del programa fue anunciada en 2025 y quedó efectiva el 8 de septiembre de ese año. Datos de referencia del Congreso estadounidense y de organizaciones especializadas sitúan en más de 50,000 a los hondureños que tenían TPS antes de su cancelación.
Pero detrás de cada número existe una historia. Hay madres y padres que llevan décadas trabajando; pequeños empresarios que levantaron sus negocios; trabajadores que pagan impuestos; familias que compraron una casa; y jóvenes que crecieron en Estados Unidos y que hoy estudian con la esperanza de construir un futuro mejor. Para ellos, la incertidumbre migratoria no es una noticia: es la posibilidad de perder estabilidad, empleo, vivienda, proyectos educativos y, en algunos casos, la unidad familiar.
Y aquí aparece una segunda preocupación que pocas veces discutimos con suficiente profundidad: el impacto sobre Honduras. Nuestro país recibe una enorme cantidad de remesas provenientes de los hondureños que viven en el exterior. El Banco Central de Honduras reportó que en 2025 las remesas familiares alcanzaron alrededor de 12,297 millones de dólares, y señaló que el comportamiento estuvo influido, entre otros factores, por el envío precautorio de dinero ante la incertidumbre generada por las políticas migratorias estadounidenses. En otras palabras, nuestros compatriotas no solamente ayudan a sus familias: ayudan a sostener el consumo, el comercio y una parte importante de la actividad económica nacional.
¿Qué ocurre si miles de esos trabajadores pierden su autorización para trabajar o tienen que regresar? El efecto no necesariamente será inmediato ni idéntico para todos, pero el riesgo es evidente: menos ingresos familiares, menor capacidad de enviar remesas, mayor presión sobre los hogares hondureños y, eventualmente, más personas buscando oportunidades en un mercado laboral nacional que todavía tiene enormes desafíos para absorberlas.
Y no podemos olvidar a nuestros jóvenes. Muchos hondureños que hoy estudian en Estados Unidos dependen directa o indirectamente del esfuerzo económico de sus padres. Otros son jóvenes que nacieron o crecieron allá y que han construido sus proyectos educativos en ese país. La incertidumbre migratoria puede convertirse en incertidumbre académica: ¿qué pasa con una carrera universitaria que una familia ya no puede financiar?, ¿qué ocurre con un joven que tiene que abandonar sus estudios para ayudar a su familia?, ¿qué sucede cuando una decisión migratoria obliga a una familia a replantear un proyecto de vida construido durante veinte o treinta años?
Ahora bien, también debemos tener una conversación incómoda sobre Honduras. La decisión de cancelar el TPS corresponde al Gobierno de Estados Unidos y no sería serio afirmar que el Gobierno hondureño tiene responsabilidad directa sobre una decisión soberana de otro país. Sin embargo, sí podemos cuestionar la capacidad de nuestra política exterior, la estrategia diplomática y la gestión que se ha realizado para defender los intereses de nuestros compatriotas.
El Gobierno hondureño ha anunciado gestiones diplomáticas, asistencia consular y propuestas para una transición ordenada. Eso debe reconocerse. Pero ante una situación de esta magnitud no basta con reaccionar cuando el problema ya está encima de la mesa. Honduras necesita una política migratoria de Estado, una diplomacia mucho más activa y una estrategia permanente con Estados Unidos que no dependa de coyunturas políticas. También necesita demostrar con hechos que nuestro país está mejorando sus condiciones económicas, sociales, institucionales y de seguridad.
Porque la migración no comienza en la frontera estadounidense. Muchas veces comienza aquí, en Honduras, cuando un joven termina sus estudios y no encuentra empleo; cuando una familia no puede cubrir sus necesidades básicas; cuando un trabajador siente que su esfuerzo no se traduce en oportunidades; o cuando un emprendedor no encuentra condiciones para crecer. Mientras no resolvamos esas causas, seguiremos exportando talento, sueños y mano de obra.
Por eso, la cancelación del TPS debería ser también una llamada de atención para nosotros. No podemos construir nuestra economía dependiendo exclusivamente de las remesas. Necesitamos generar empleo digno, atraer inversión, fortalecer la educación, impulsar el emprendimiento y crear oportunidades reales para nuestros jóvenes. Las remesas son un salvavidas para millones de hondureños, pero no deberían convertirse en el sustituto de una economía capaz de ofrecerles un futuro en su propia tierra.
También debemos recordar algo fundamental: nuestros migrantes no son una estadística. Son hondureños. Son los padres que mandan dinero para que sus hijos estudien, los hermanos que ayudan a construir una casa, las madres que sostienen a sus familias a miles de kilómetros de distancia y los jóvenes que trabajan y estudian buscando una oportunidad que muchas veces no encontraron en Honduras.
El TPS puede haber terminado como programa para Honduras, pero nuestra responsabilidad como país no termina. Al contrario, comienza una etapa en la que debemos exigir una diplomacia más firme, una defensa más efectiva de nuestros compatriotas y, sobre todo, un proyecto nacional que haga que regresar a Honduras no signifique regresar a la falta de oportunidades.
La verdadera pregunta no debería ser solamente qué hará Estados Unidos con nuestros migrantes. La pregunta que debemos hacernos los hondureños es mucho más profunda: ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos no tengan que irse para poder cumplir sus sueños?
Porque cuando un hondureño triunfa en Estados Unidos, Honduras también recibe una parte de ese esfuerzo. Y cuando una familia hondureña pierde estabilidad allá, Honduras también siente el golpe aquí. La migración no es un problema ajeno. Es una realidad económica, social y humana que nos obliga a mirar más allá de las fronteras y a construir, de una vez por todas, un país donde las oportunidades también estén en casa.
Por: Douglas Arias
