El consultor político argentino Fernando Cerimedo vuelve a estar en el centro del debate en Honduras debido a una serie de denuncias y cuestionamientos relacionados con su participación en la campaña presidencial de Nasry Asfura durante las elecciones generales de 2025.
Cerimedo fue contratado como estratega de comunicación y redes sociales para el equipo nacionalista. Su participación en la campaña incluyó labores relacionadas con estrategia digital y comunicación política, de acuerdo con investigaciones y publicaciones realizadas durante y después del proceso electoral.
En las últimas semanas, denuncias y reportes provenientes de otros países de Sudamérica han reavivado las preguntas sobre el origen de los recursos utilizados para financiar determinadas operaciones políticas y digitales atribuidas al entorno del consultor.
Uno de los principales puntos bajo cuestionamiento es la posibilidad de que fondos públicos extranjeros hayan sido utilizados o canalizados para operaciones relacionadas con la campaña de Asfura, una acusación que, hasta el momento, no constituye una conclusión judicial en Honduras.
El caso tomó mayor relevancia después de que Cerimedo fuera detenido en Bolivia y quedara involucrado en investigaciones judiciales en ese país. Su situación legal en Bolivia, sin embargo, corresponde a un proceso distinto y no demuestra por sí misma ninguna irregularidad electoral en Honduras.
En Honduras, los cuestionamientos se concentran en determinar quién contrató al consultor, quién financió sus operaciones, qué estructura tecnológica utilizó y cuál fue el alcance de su participación durante las elecciones de 2025. Estos puntos han sido planteados públicamente por sectores políticos que solicitan una investigación formal.
Además, una verificación realizada por Honduras Verifica advirtió que algunas afirmaciones difundidas en redes sociales sobre una supuesta coordinación entre Cerimedo y determinados influencers hondureños no cuentan con evidencia pública suficiente para establecer ese vínculo.
Por ello, el caso permanece abierto al escrutinio público y político. Una eventual investigación oficial tendría que establecer, con documentos y peritajes, el origen de los recursos, los contratos o pagos realizados y si existió alguna violación a las normas hondureñas sobre financiamiento electoral.
Hasta que las autoridades determinen lo contrario, los señalamientos sobre fondos públicos extranjeros deben considerarse acusaciones pendientes de investigación y no hechos judicialmente comprobados.
