En Honduras hemos aprendido a desconfiar cuando nos anuncian grandes transformaciones acompañadas de palabras tranquilizadoras: modernización, eficiencia, rescate, reorganización.
Cambian los nombres, cambian los discursos, pero casi siempre queda la misma pregunta:
¿Quién termina pagando la factura?
El Congreso Nacional acaba de aprobar la denominada Ley de Justicia Energética, presentada como la respuesta para rescatar y reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Nos aseguran que la ENEE no se privatiza. Formalmente, el texto aprobado establece que el Estado conservará el cien por ciento de la propiedad y que generación, transmisión y distribución funcionarán mediante empresas subsidiarias bajo una ENEE matriz.
Muy bien.
Pero el debate no debería terminar preguntándonos únicamente de quién serán las acciones.
La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿Quién hará el negocio y quién asumirá el costo?
Porque una empresa puede seguir llamándose pública mientras determinadas actividades, inversiones, contratos, riesgos y beneficios comienzan a moverse alrededor de intereses particulares.
Y allí es donde los hondureños debemos encender las luces.
La tarifa congelada… por ahora
Uno de los argumentos utilizados para presentar la reforma como beneficiosa es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses, prorrogable por otros seis.
Suena bien… Pero seis meses pasan rápido.
Lo que debería preocuparnos no es solamente cuánto pagaremos mañana, sino qué estructura de costos estamos construyendo para después.
Separar generación, transmisión y distribución, crear nuevas estructuras administrativas, establecer mecanismos de contratación y atraer nuevas inversiones puede producir eficiencia si existe transparencia, regulación fuerte y verdadera competencia.
Pero también puede convertirse en una estructura costosa que termine trasladándose al usuario.
Y en Honduras sabemos perfectamente quién suele convertirse en el último eslabón de la cadena…: el recibo de energía del ciudadano.
El pequeño negocio, la pulpería, la familia que mide su consumo para poder llegar a fin de mes, la industria que finalmente incorpora el costo eléctrico al precio de sus productos.
Por eso digo que esta reforma puede terminar siendo luz para pocos y sombra para muchos.
Primero, que aparezca La Gaceta
Hay otra razón para mantener los ojos abiertos. Durante la discusión de esta reforma circularon diferentes versiones. Proyecto original. Dictámenes. Contrapropuestas. Textos consensuados. Modificaciones.
Demasiados borradores para una ley que toca uno de los activos estratégicos más importantes del Estado hondureño.
Por eso, antes de celebrar o condenar definitivamente su contenido, debemos exigir algo elemental: leer el decreto exactamente como aparezca publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
En Derecho, las declaraciones políticas no sustituyen el texto de una ley. La Constitución hondureña establece como regla general que una ley se vuelve obligatoria después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en La Gaceta, salvo que la propia norma establezca un plazo diferente.
Así que tendremos que comparar.
Qué se discutió.
Qué se aprobó.
Qué se sancionó.
Y, finalmente, qué se publicó.
Porque cuando una reforma ha tenido tantas versiones, la vigilancia ciudadana no es desconfianza: es responsabilidad.
La vampiresca historia de nuestras empresas públicas Honduras debería tener memoria. Ya conocemos la vampiresca fórmula: primero se alimentan de las empresas públicas, les chupan hasta la última gota y, cuando apenas queda el cadáver, nos dicen que la única solución es transformarlas.
HONDUTEL debería bastarnos como advertencia. Alguna vez fue una de las empresas públicas más rentables del Estado y generó importantes recursos para el país. Después llegaron las discusiones sobre privatización, apertura, modernización y competencia.
Décadas después, basta mirar su realidad.
HONDUTEL ya conoció esa vampiresca historia: una empresa que produjo importantes excedentes terminó debilitada y hoy su deterioro sirve como recordatorio de lo que Honduras no debería repetir.
Primero se debilita la empresa.
Después se cuestiona su capacidad.
Luego se presenta la transformación como inevitable.
Y finalmente el ciudadano termina preguntándose qué pasó con aquello que alguna vez fue patrimonio rentable del Estado. No permitamos que la ENEE se convierta en el próximo paciente de esa historia.
Nadie discute que la ENEE necesita cambiar. Defender lo público tampoco significa defender la ineficiencia. La ENEE necesita reducir pérdidas. Necesita combatir el hurto de energía. Necesita inversión. Necesita modernización tecnológica. Necesita transparencia en sus contratos.
Y, sobre todo, necesita dejar de ser utilizada como instrumento político de cada gobierno que llega… Eso no está en discusión.
Lo que sí debemos discutir es quién pagará el rescate y quién recogerá sus beneficios.
Porque rescatar una empresa pública no puede significar socializar sus pérdidas mientras se privatizan las ganancias.
No puede significar que los negocios sean para unos cuantos y la factura para millones. Mucho menos cuando hablamos de energía eléctrica, que no es un lujo: es indispensable para producir, estudiar, trabajar y vivir. Por ahora nos dicen que no habrá privatización, nos dicen que la tarifa permanecerá congelada, nos dicen que la reforma traerá eficiencia.
Ojalá.
Pero en Honduras ya hemos aprendido que entre lo que se promete desde un hemiciclo y lo que finalmente siente el ciudadano en su bolsillo puede existir una enorme distancia.
Por eso, esperemos La Gaceta. Leamos la letra pequeña.
Sigamos los contratos, observemos quiénes aparecen alrededor del nuevo negocio eléctrico… Y dentro de seis, doce o veinticuatro meses hagamos la pregunta más sencilla de todas:
¿La luz cuesta menos y funciona mejor, o simplemente cambió quién gana dinero con ella?
Porque si al final unos cuantos reciben la luz del negocio y millones cargamos con el costo de la reforma, habremos confirmado aquello que hoy apenas comienza a dibujarse:
ENEE: ¡luz para pocos, sombra para muchos!
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