La crisis actual en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras no es un accidente institucional, es el reflejo directo del uso político que los partidos tradicionales han hecho de los órganos electorales. A pocos meses de las elecciones generales, la falta de consensos, la manipulación en los nombramientos y la creciente desconfianza ciudadana hacen tambalear la base misma de nuestra democracia: la transparencia electoral.
El reciente enfrentamiento por la sustitución de consejeros, las presiones partidarias sobre decisiones administrativas y los señalamientos de parcialidad han convertido al CNE en un campo de batalla política. La consecuencia inmediata es el debilitamiento de la credibilidad del proceso electoral. ¿Cómo pedirle al pueblo hondureño que confíe en las urnas, cuando las reglas del juego cambian según los intereses de quienes deben garantizarlas?
La solución no pasa por imponer nuevos nombres o por maniobras desde el Congreso. La única salida legítima es el diálogo político abierto, la construcción de consensos y una profunda reforma electoral que garantice independencia, profesionalismo y transparencia. El país no puede seguir rehén de intereses partidarios. Si no se actúa con responsabilidad, el riesgo de una crisis postelectoral no solo es posible, es inminente.
La democracia no se defiende con discursos, se protege con instituciones fuertes, creíbles y al servicio del pueblo. Honduras merece elecciones limpias, y eso empieza por sanar la raíz del problema: la politización del árbitro electoral.
