“Me había mantenido al margen… Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”. Con esas líneas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele irrumpió en la discusión hondureña sobre seguridad a mediados de febrero, cuestionando públicamente al recién nombrado ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, por advertir que el llamado “modelo Bukele” no puede copiarse mecánicamente en Honduras.
Tres meses después, el país amanece conmocionado por dos escenas de terror: una matanza de trabajadores en Rigores, Trujillo, Colón, y el asesinato de policías en Omoa, Cortés. Más allá de la escalofriante cifra de muertos, la pregunta que se impone es si el camino hacia la seguridad pasa por repetir el guion salvadoreño o por construir una ruta hondureña que combine firmeza con Estado de derecho.
Colón y Omoa: el rostro actual de la violencia
En la comunidad de Rigores, en Trujillo, hombres armados vestidos con uniformes policiales irrumpieron en una finca de palma africana y acribillaron al menos a diez trabajadores que se preparaban para iniciar su jornada. Versiones posteriores elevaron la cifra de víctimas por encima de la veintena y recordaron que el Bajo Aguán arrastra décadas de conflicto agrario, presencia del narcotráfico y más de un centenar de muertos en disputas por la tierra.
Horas más tarde, en Omoa, sujetos fuertemente armados atacaron a agentes de la Policía Nacional cerca de la frontera con Guatemala, dejando al menos seis uniformados asesinados, entre ellos un oficial de alto rango, además de un civil. En cuestión de horas, el norte de Honduras sumó dos crímenes múltiples que devolvieron al primer plano una realidad conocida: la violencia se concentra en regiones históricamente abandonadas, donde se cruzan economías ilegales, impunidad y débil presencia institucional.
La reacción del gobierno y el eco del “modelo Bukele”
Tras las masacres, el gobierno hondureño anunció una “intervención total” en el Bajo Aguán y el despliegue inmediato de policías, militares, fiscales y equipos de inteligencia para capturar a los responsables. Se trata de una respuesta de fuerza que combina operaciones en territorio, refuerzo de puestos policiales y presencia militar en Colón y Omoa.
Paradójicamente, el propio Bukele había acusado al ministro Velásquez de “condenar a morir” a miles de hondureños por insistir en respetar los derechos humanos en la estrategia de seguridad. La explosión de violencia de estos días será usada, inevitablemente, por sectores que intentan imponer en Honduras una copia simple del régimen de excepción salvadoreño, con detenciones masivas, suspensión de garantías y un discurso que presenta cualquier crítica como defensa de criminales.
Derechos humanos: eslogan o política de Estado
El tuit de Bukele condensa una narrativa peligrosa: colocar los derechos humanos como un “privilegio” de los delincuentes, en lugar de entenderlos como el piso mínimo que protege a toda la ciudadanía frente a abusos del poder. Bajo ese marco, cualquier juez que exija pruebas, cualquier defensor que reclame debido proceso o cualquier ministro que advierta sobre límites constitucionales puede ser señalado como cómplice del crimen organizado.
Sin embargo, las experiencias de la región muestran que las respuestas exclusivamente punitivas, sin depuración policial, sin investigación fiscal sólida y sin control judicial, tienden a desplazar la violencia más que a reducirla de manera sostenible. Honduras lo sabe: ya vivió militarizaciones, operativos espectaculares y campañas mediáticas que no se tradujeron en instituciones más fuertes ni en comunidades más seguras.
Colón y Omoa exigen más que tuits
Las familias de las víctimas en Rigores y en Omoa no necesitan una guerra de mensajes en X, sino justicia, verdad y garantías de no repetición. Eso implica identificar a los autores materiales e intelectuales, esclarecer la posible participación de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y al conflicto agrario, y revisar a fondo el rol de agentes estatales, incluyendo el uso de uniformes y armas de uso oficial.
También exige una política integral para el Bajo Aguán: seguridad comunitaria, resolución de conflictos de tierra, inversión social y presencia permanente del Estado más allá de los operativos posteriores a cada tragedia. Mientras estos componentes no existan, cualquier despliegue militar corre el riesgo de ser solo una respuesta reactiva que no transforma las causas de fondo.
La batalla por el relato de seguridad
Más allá de lo ocurrido en Colón y Omoa, en Honduras se libra hoy una batalla simbólica: quién define qué es “mano dura” y quién queda etiquetado como “defensor de delincuentes”. El tuit de Bukele, replicado miles de veces, busca colocar al gobierno hondureño a la defensiva, obligándolo a escoger entre copiar el modelo salvadoreño o ser acusado de blandura ante el crimen.
Sin embargo, el país tiene derecho a hacerse su propia pregunta: ¿queremos seguridad basada en miedo, detenciones masivas e instituciones debilitadas, o un modelo que combine firmeza con transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ley? Las masacres de Colón y Omoa son un recordatorio brutal de que la improvisación en materia de seguridad se paga con vidas hondureñas.
