Tegucigalpa, Honduras. — El Gobierno de la República volvió a quedar en evidencia ante la presión y el rechazo del pueblo hondureño, luego de anunciar un nuevo término de apenas 15 días para el cobro de deudas de energía eléctrica por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), medida que generó fuertes críticas en distintos sectores de la población.
Tras la indignación ciudadana y las denuncias de abuso contra los consumidores, las autoridades retrocedieron y oficializaron nuevamente el plazo de 28 días para el pago de las facturas pendientes, intentando presentar esta decisión como un “gran logro” y una muestra de sensibilidad hacia el pueblo.
Sin embargo, detrás del anuncio del retorno a los 28 días, el Gobierno estaría ocultando una reforma que impactará directamente el bolsillo de miles de hondureños: la eliminación del subsidio energético para más de 600 mil familias.
Diversos sectores sociales consideran que las autoridades buscan “dar vuelta” a la narrativa y mostrarse como héroes de una situación que ellos mismos provocaron, cuando en realidad fue la presión popular la que obligó al retroceso de la medida inicial.
“El pueblo rechazó contundentemente el plazo de 15 días y tuvieron que recular. Ahora quieren vender el regreso a 28 días como un triunfo del Gobierno, mientras avanzan silenciosamente en quitar subsidios que afectarán a miles de hogares humildes”, cuestionaron ciudadanos y analistas.
La decisión ha generado preocupación entre familias de escasos recursos, quienes temen un incremento en sus gastos mensuales de energía en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
Organizaciones civiles han exigido transparencia al Gobierno y a la ENEE sobre las verdaderas implicaciones de las nuevas disposiciones energéticas y advirtieron que continuarán vigilantes ante cualquier medida que represente una carga adicional para la población hondureña.
