La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles ante el Ministerio Público una denuncia relacionada con el presunto manejo irregular de L1,837,349,701.14 a través del Fondo de Administración Solidaria, recursos que fueron gestionados durante el período 2023-2025 por diputados del Congreso Nacional.
De acuerdo con el informe de auditoría social presentado por la organización, los fondos fueron canalizados mediante distintas instituciones del Estado para financiar programas de asistencia social, entre ellos becas educativas, obras comunitarias, infraestructura menor, cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
ASJ cuestiona principalmente la falta de transparencia y trazabilidad de los recursos. Según sus hallazgos, las instituciones encargadas de ejecutar los fondos no habrían presentado los informes finales de liquidación exigidos por la legislación administrativa, lo que dificulta determinar con precisión el destino final de una parte importante del dinero.
La investigación señala que la Secretaría de Finanzas utilizó de manera sistemática la línea presupuestaria 449 para trasladar recursos hacia instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación. ASJ sostiene que dicha línea estaba destinada históricamente a obligaciones relacionadas con préstamos, avales y situaciones de emergencia.
Uno de los años que concentra mayores cuestionamientos es 2024, cuando Sedesol, FHIS y Gobernación ejecutaron conjuntamente alrededor de L898.5 millones provenientes de este mecanismo.
En el caso de los cupones y certificados alimenticios, ASJ reportó que entre 2023 y 2025 se canjearon alrededor de L187 millones, pero solamente una parte habría sido debidamente liquidada. La organización también identificó más de L53 millones en cupones gestionados por un grupo de 26 diputados pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre).
Otro de los componentes señalados corresponde a las becas estudiantiles. Según la investigación, unos 50 parlamentarios gestionaron más de L110 millones destinados a cerca de 22,000 becas mediante el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
ASJ también cuestionó un convenio entre Banadesa y Sedesol que, según la organización, estableció mecanismos de confidencialidad que dificultaron el acceso a los expedientes relacionados con la liquidación de las ayudas.
La organización realizó además verificaciones de campo sobre una muestra de personas que aparecían registradas como beneficiarias. En algunos casos, los ciudadanos consultados habrían asegurado que no recibieron los recursos que figuraban a su nombre o que no contaban con los emprendimientos registrados en los expedientes correspondientes.
ASJ sostiene que el problema no radica en que el Estado otorgue ayudas sociales, sino en la manera en que fueron gestionadas y documentadas. La organización considera necesario establecer mecanismos que permitan identificar quién solicita los fondos, quién los recibe, cómo se ejecutan y cómo se liquidan.
Ante estos hallazgos, ASJ anunció acciones legales ante el Ministerio Público para que se investigue si en la aprobación, ejecución y liquidación de estos recursos se cometieron delitos o irregularidades administrativas.
La organización también propuso una legislación específica para regular la administración de subvenciones y limitar la intermediación de diputados en la distribución de recursos públicos, además de garantizar mayor transparencia sobre los beneficiarios.
La denuncia no establece por sí sola responsabilidad penal de los diputados señalados. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos, revisar la documentación y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de fondos públicos durante la administración anterior y abre un nuevo debate sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia en la utilización del presupuesto nacional.
