17 transferencias en 41 minutos: así operó el fraude bancario que llevó a seis capturas
Seis personas fueron capturadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como presuntas receptoras e intermediarias de dinero obtenido mediante un fraude bancario, en un caso que dejó al descubierto la rapidez con la que pueden ejecutarse operaciones de este tipo.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el caso comenzó cuando un ciudadano recibió un préstamo de L450,000 en su cuenta de ahorros. Días después, al encontrar bloqueado el acceso a su banca en línea, recibió una llamada telefónica en la que supuestamente le ofrecieron ayudarlo a desbloquear el servicio. Para ello, los responsables le solicitaron información de acceso y el código de token.
Con esos datos, los responsables habrían logrado ingresar a la cuenta y ejecutar 17 transferencias digitales no autorizadas en un período de solamente 41 minutos. El dinero movilizado alcanzó los L586,579, enviados hacia cuentas de diferentes instituciones financieras.
A través de la trazabilidad financiera y digital, la ATIC identificó a seis personas que presuntamente habrían actuado como receptoras e intermediarias de los fondos. Las autoridades utilizan el término “mulas financieras” para describir a quienes facilitan sus cuentas para recibir o movilizar dinero de origen presuntamente ilícito, generalmente a cambio de una comisión.
Los investigados fueron identificados como Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Elvin Ernesto Osorto Galo, Elsa Alejandra Fúnez Aguilar, Emma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Guillermo Exsal Ferrera Díaz. Las capturas se realizaron en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula.
La Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (Feprosi) investiga el caso por los delitos de acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir.
Las autoridades todavía buscan establecer quiénes estuvieron detrás del acceso inicial a la cuenta bancaria, cuál fue la ruta completa del dinero y qué grado de participación tuvo cada uno de los seis investigados.
El Ministerio Público aprovechó el caso para recordar que las instituciones financieras no solicitan por teléfono usuarios, contraseñas ni códigos de token. También advirtió que prestar una cuenta bancaria a terceros puede generar consecuencias legales si esta termina siendo utilizada para movilizar fondos provenientes de actividades ilícitas.
La investigación continúa abierta y será el proceso judicial el que determine la responsabilidad individual de los detenidos.
