El Gobierno de México confirmó este viernes que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país, al presentar el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al tiempo que difundió los avances derivados de la revisión y depuración del sistema que busca agilizar la búsqueda y el seguimiento de los casos.
El Gobierno de México dio a conocer que, desde 2006 a la fecha, se mantienen 130.178 registros activos de personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una herramienta de búsqueda administrada por la Comisión Nacional de Búsqueda y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La cifra oficial contrasta con el registro histórico total, que asciende a casi 395.000 desaparecimientos desde 1952, aunque de ese universo se ha localizado a más de 260.000 personas, en su mayoría con vida, entre 2006 y la actualidad.
En el informe se detalla que el 36% de los casos (46.742) carecen de datos suficientes para iniciar operaciones de búsqueda eficaces, mientras que el 31% (40.308) cuentan con información útil y rastros de actividad posterior a la desaparición, y el 33% restante (43.128) presenta datos completos pero sin rastro claro en el tiempo.
Autoridades reconocen que parte importante de los registros históricos presentan inconsistencias, duplicados o falta de información, lo que ha retrasado la gestión de miles de expedientes y la atención a las familias, por lo que se está reforzando la depuración y la depuración del sistema.
El gobierno federal también informó que, desde octubre de 2024 hasta la fecha, se han localizado 31.946 personas reportadas como desaparecidas, lo que representa alrededor de dos tercios de los casos reportados en ese periodo, y la gran mayoría de ellas han sido encontradas con vida.
Pese a estos avances, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos insisten en que la cifra de más de 130.000 personas sin rastro es una de las más graves del continente y exigen mayor presupuesto, coordinación interinstitucional y una estrategia nacional de prevención y reparación integral.
