La protesta del pueblo garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia continúa, mientras organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades garífunas exigen respuestas ante el proceso judicial que involucra a cinco integrantes de la comunidad de San Juan, en Tela, Atlántida.
Las carpas instaladas frente al máximo tribunal hondureño se han convertido en el centro de una protesta que busca llamar la atención sobre un conflicto que, para los representantes garífunas, trasciende un proceso judicial y está directamente relacionado con la defensa del territorio ancestral.
De acuerdo con las denuncias de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron detenidas luego de un operativo policial realizado el pasado 6 de julio en la comunidad de San Juan, Tela. Los detenidos enfrentan acusaciones relacionadas con la presunta usurpación de tierras, un señalamiento que las organizaciones garífunas rechazan.
La dirigencia de OFRANEH sostiene que las tierras en disputa forman parte del territorio ancestral de la comunidad y cuestiona que integrantes del pueblo garífuna sean procesados penalmente en un contexto que, según su posición, debería abordarse desde la protección de los derechos territoriales y culturales reconocidos a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Desde el campamento instalado frente a la Corte Suprema, la coordinadora general de OFRANEH, Miriam Miranda, ha insistido en que las organizaciones han presentado diferentes acciones legales y que permanecen a la espera de respuestas por parte de las instituciones correspondientes.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por los manifestantes está relacionado con el traslado del proceso a la jurisdicción nacional. Los representantes garífunas consideran que el caso debería ser conocido en Tela y cuestionan que sus integrantes sean sometidos a un proceso en una jurisdicción que, según su postura, no corresponde a la naturaleza del conflicto.
El reclamo también se desarrolla en medio de una histórica disputa por la defensa de los territorios garífunas, comunidades que durante años han denunciado amenazas, desalojos, conflictos por la propiedad de la tierra y distintos episodios de violencia.
Para OFRANEH y los manifestantes, el proceso contra los cinco integrantes de San Juan no puede analizarse únicamente como un expediente penal, sino dentro de un contexto más amplio de defensa territorial y de los derechos colectivos del pueblo garífuna.
La permanencia frente a la Corte Suprema busca precisamente mantener el caso en el debate público y presionar para que las instituciones judiciales respondan a las acciones presentadas por la organización.
Mientras las autoridades judiciales no emitan una resolución que satisfaga sus demandas, los manifestantes aseguran que continuarán con la protesta.
“No nos vamos hasta que haya justicia”, es el mensaje que mantienen desde el campamento, donde las carpas se han convertido en el símbolo de una protesta que busca que el conflicto territorial de San Juan sea atendido desde una perspectiva de justicia, derechos humanos y respeto a los territorios ancestrales.
