Por Oscar Francisco Ávila
La detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo debería provocar en Honduras una discusión que vaya mucho más allá de su situación judicial. Cerimedo trabajó como asesor de campaña del Partido Nacional durante las elecciones de 2025 y estuvo vinculado a la estrategia de Nasry “Tito” Asfura.
Hoy está detenido e investigado en Bolivia por su presunta participación en el ataque armado contra su expareja Nadia Beller. Se trata de una acusación en investigación y su defensa niega su responsabilidad. Pero otro elemento del caso debería interesarnos especialmente: durante las diligencias, medios internacionales han reportado el hallazgo de lo que ha sido descrito como una “mini granja de bots”.
¿Por qué importa esto en Honduras?
Porque técnicamente una granja de cuentas puede combinar perfiles, automatización y operadores humanos para producir publicaciones, respuestas y amplificación. El objetivo de una operación de influencia no tiene que ser convencer directamente a miles de ciudadanos: puede bastar con crear el impulso inicial para que un mensaje gane visibilidad y posteriormente atraiga interacción auténtica.
Cerimedo no es ajeno a estas prácticas como tema de discusión pública. El País reportó que en una entrevista de 2023 reconoció operar trolls y campañas sucias durante la campaña de Javier Milei, y describió su actividad alrededor de la fabricación de conversación política y operaciones digitales.
Por eso Honduras merece respuestas.
¿Durante su trabajo político en nuestro país se utilizaron estructuras de cuentas coordinadas?
¿Existieron bots o trolls destinados a posicionar narrativas, hashtags, ataques o aparentes consensos?
¿Quién financiaba y supervisaba la estrategia digital?
¿Qué infraestructura tecnológica se utilizó?
Hasta ahora, no existe evidencia pública suficiente para afirmar como hecho que la granja encontrada en Bolivia operara las redes hondureñas. Sería irresponsable presentarlo de esa manera. Pero los antecedentes conocidos y su participación comprobada en la campaña hondureña justifican investigar la pregunta.
Una democracia no puede conformarse con contar “likes”. Miles de publicaciones pueden proceder de un grupo mucho menor de cuentas extremadamente activas; por eso una tendencia debe analizarse considerando cuentas únicas, frecuencia, temporalidad y relaciones entre perfiles.
El verdadero problema sería descubrir que aquello que muchos hondureños interpretamos como opinión pública fue, en alguna proporción, una percepción fabricada.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie ni de convertir cada crítica al Gobierno en un “bot”. Se trata exactamente de lo contrario: investigar con evidencia técnica.
Honduras debería auditar las redes públicas vinculadas al proceso electoral de 2025 y determinar si existieron patrones anormales de coordinación.
Porque después de conocer quién asesoró una campaña y qué tipo de estructuras aparecen hoy bajo investigación fuera del país, la pregunta resulta inevitable:
¿Cuánto de lo que Honduras creyó escuchar como voz ciudadana fue realmente ciudadanía, y cuánto pudo haber sido ruido digital organizado?
